¿Se debe regular la actividad inmobiliaria?
Articulo invitado de Mundo Inmobiliario-metrocuadrado.com
Este articulo ha sido recogido de esta pagina colombiana dedicada al negocio inmobiliario. En el mismo se exponen criterios sobre la necesidad de regular el corretaje inmobiliario en Bogota, Colombia. La similitud con el Peru sobre la falta de regulacion de esta actividad, hace de este articulo una suerte de referencia para los criterios que se pueden aplicar tambien en el Peru. Las necesidades a satisfacer con la regulacion son las mismas: seguridad juridica, tanto para el agente corredor como para el cliente, una certificacion oficial del agente inmobiliario que permita confiar en la idoneidad del servicio que se brinda; y el impulso que se le puede dar al sector inmobiliario con un marco legal adecuado.
Texto del articulo:
La falta de normatividad e intervención del Gobierno es necesaria para evitar que los usuarios arriesguen su patrimonio y para que a los agentes les sean reconocidos sus honorarios sin ningún contratiempo.
El negocio inmobiliario mueve 1,5 billones de pesos mensuales en transacciones y sólo en Bogotá participan más de 2.000 empresas formales e informales, sin contar los renglones de arriendos, administración de copropiedades y realización de avalúos.
Entonces, surgen inquietudes que en el gremio han dado pie a debates. Por ejemplo, ¿deberían existir normas que exijan a los inmobiliarios ser profesionales académicos y contar con una licencia que se pueda revocarse en caso de que obren de mala fe?, ¿debería incluirse un marco legal que los proteja y obligue el pago de las comisiones pactadas para que estas dejen ser vistas como un favor?
Es una discusión que se sustenta porque en Colombia cualquier persona sin ningún tipo de formación, experiencia o infraestructura puede ejercer la actividad inmobiliaria, que se entiende como un oficio, por lo que desde el punto de vista constitucional no puede ser restringida a pesar del riesgo y la responsabilidad social y económica que implica, ya que por sus manos pasa el patrimonio de millones de personas naturales e incluso, el de toda la nación.
¿A qué le temen?
La sola pregunta sobre la conveniencia o no de intervenir esta actividad tiene tantos defensores como detractores entre los inmobiliarios activos. Por un lado, se percibe un temor a tener que capacitarse, formalizarse y ser vigilados como sucede, por ejemplo, con los corredores de bolsa; además, se percibe resistencia a tener que reportar contable y tributariamente todos los negocios realizados.
Sin embargo, de otra parte hay firmas organizadas interesadas en que de una vez por todas se ‘modere’ la actividad. Esto a partir de una autorregulación gremial y de la intervención directa del Estado, en aras de proteger a los clientes de los abusos de inmobiliarios ‘fantasmas’ que solo pretenden estafarlos o sacarles una comisión.
Lo cierto es que hasta ahora nadie ha tomado la vocería para adelantar algún tipo de gestión oficial. “En el Gobierno estamos dispuestos trabajar hombro a hombro con los gremios para profesionalizar al sector, lo que, además, es una necesidad que pide a gritos la ciudadanía. Sólo el pésimo inmobiliario le puede temer a una regulación”, afirma Beatriz Uribe, viceministra de Vivienda.
Jorge Mario Ángel, presidente Ejecutivo de la Lonja de Antioquia, coincide con Uribe e insiste que los primeros llamados a tomar cartas en el asunto son los gremios, pero que debe haber una normatividad clara expedida por el Gobierno. “Es indispensable fijar escalafones y requisitos mínimos para ejercer; incluso, se requieren cambios jurídicos que obliguen a los clientes a pagar los honorarios pactados. No obstante, no se ha logrado un consenso en el gremio por lo que se requiere de un debate público”.
Criterios encontrados
Para Sergio Mutis, preside de Federación Nacional de Lonjas (Fedelonjas) el tema no sólo es fundamental sino urgente. “Nosotros debemos ser los canalizadores de las opiniones, los principios éticos, los programas académicos y los mecanismos de control para llevarlos al Gobierno y lograr una regulación concertada y equitativa, tal como ocurrió con las leyes de Arriendos y de Propiedad Horizontal”.
En contraste, María Isabel Silva, presidenta de Lonja Propiedad Raíz de Bogotá, no es partidaria de ningún tipo de norma o ley que busque profesionalizar al sector. “El Gobierno no tiene capacidad de vigilar a nadie más. Este es un oficio muy atractivo donde todo el mundo puede participar siempre y cuando hagan la tarea bien. Es decir, que cumplan con la solvencia moral, ética y de conocimiento necesarias para ejercer responsablemente”.
Eso sí –agrega la Silva–, en los gremios se deben fijar procesos y condiciones de autorregulación. “Para eso, nos estamos preparando mediante la adquisición de software, la búsqueda de certificación ISO 9901 y la implementación de cursos de formación, que en conjunto les brinda las herramientas necesarias a nuestros afiliados para enfrentar las exigencias del mercado”.
Por su parte, Juan Carlos Ortega, subdirector de Control de Vivienda de Bogotá, cree que la legislación vigente es suficiente para moderar la actividad. “Prueba de ello es que de los más de 1.000 inmobiliarios que tenemos registrados sólo recibimos un promedio de 30 quejas al mes que se dirimen fácilmente, tanto así que en este momento solo cursan 6 investigaciones formales.
“De esos inscritos, más de 800 son independientes como lo son otros cientos que no están planillados y no por eso se puede pensar que están actuando mal o que no vayan a ser regulados por el mercado, que cada vez es más exigente”, concluye.
Opinan los expertos
¿Es necesaria la profesionalización y regulación de la actividad inmobiliaria?
Luis Fernando Correa, presidente de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci)
“La profesionalización es necesaria, especialmente para evitar que los empíricos entren y salgan sin ningún control. Considero que el Gobierno debe intervenir en el tema. Sin embargo, al margen de que lo haga o no, los gremios son los únicos responsables de impulsar y sacar adelante un estatuto profesional serio.
“Y hay que hacerlo, pues con el Tratado de Libre Comercio seguramente se dará vía libre a profesionales inmobiliarios de otros países. Por ello se debe dejar a un lado la pobreza de espíritu del inmobiliario colombiano que no lo ha dejado progresar. Les cito un ejemplo de ese estancamiento: en 1962 la comisión sugerida pasó del 2 al 3 por ciento. No hay derecho que hoy, en el 2004, la tarifa siga siendo la misma…”
Luis Eduardo Jiménez, gerente de Jiménez Nassar
"Sí. Sería interesante hacerlo y hay que regular los dos aspectos: la protección al cliente y los derechos de los profesionales de los inmobiliarios, a quienes no se les reconoce en todos los casos los honorarios de manera justa".
Jaime Corral, gerente de Corral Maldonado
"Tiene que profesionalizarse. En países como Estados Unidos ha surtido efectos muy positivos para todos los actores del mercado. Es necesaria la regulación para acabar con la actividad inmobiliaria informal que tanto afecta a la imagen del gremio y a la economía familiar y nacional".
Clemencia Parra, presidenta de la Unión Inmobiliaria de Colombia
"Definitivamente sí, porque la actividad inmobiliaria debe ser desarrollada por profesionales reconocidos en un mercado especializado. Además, la globalización nos obliga a tener las condiciones necesarias para competir con expertos de otros países en cada uno las actividades inmobiliarias. Primero debe haber una autorregulación gremial y luego, por parte del Estado".
Roberto Collins, gerente de Collins & Asociados.
"Debe profesionalizarse más aún si se tiene en cuanta que la actividad inmobiliaria es la primera industria nacional. Además es indispensable una regulación de parte del Gobierno para que sean profesionales los que tomen las riendas de este mercado".
Lonja de Antioquia ya empezó
En aras de promover la profesionalización y de proteger tanto inmobiliarios como a clientes, la Lonja de Antioquia comenzó hace unos meses un proceso de control y asesoría en la actividad entre sus afiliados.
"Impulsamos un registro de corredor inmobiliario, un reglamento, unas categorías, un código y un tribunal de ética que realizan un seguimiento a las acciones de los inmobiliarios. También tenemos un centro de recibo de quejas y si se comprueba una acción de mala fe, ellos son sancionados. De esta manera hay un control sistemático y ordenado que protege a los usuarios", explica Jorge Mario Ángel, Presidente de la entidad.
"Igualmente –agrega–, hay todo un programa de capacitación, acreditación y asesoría en todo tipo de trámites y elaboración de documentos que busca que nuestros afiliados cuenten con todas las herramientas para que ejerzan su profesión con idoneidad y con la seguridad de que su labor va a ser remunerada justamente".
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